La nueva etapa política que el Gobierno quiere presentar como un tiempo de renovación, el avance del caso García Ortiz en el Supremo y el inminente plazo para la evaluación de riesgos en empleadas del hogar marcan la actualidad del día.

Carlos Alsina analiza las tres claves:

El Gobierno celebra el aval europeo a la amnistía

Lo primero es la celebración de esta "nueva era" que, según el Ejecutivo, se abre en el Gobierno. El día de ayer le salió a Sánchez, si no redondo, casi: terminó la jornada en Radio 3 dejándose entrevistar —solo de música, claro— hablando de Rosalía y de su último disco.

El presidente quiere volver a escuchar violines en su relación con Puigdemont después del dictamen del abogado general de la Unión Europea, que avala en buena medida la ley de amnistía: considera que no se puso en riesgo dinero europeo; que no se vulnera la directiva sobre terrorismo en el caso de los CDR al aprobarse en un contexto de reconciliación; y que no cabe hablar de autoamnistía porque la ley fue votada democráticamente.

El ministro Félix Bolaños se mostró muy satisfecho y sugirió que Puigdemont está "más cerca" de regresar a España. Aunque lo cierto es que Puigdemont puede volver cuando quiera desde hace tiempo. Lo que ocurra después —detención o no— dependerá de los jueces.

Recta final del juicio a García Ortiz

García Ortiz no hizo uso de su derecho a la última palabra y ya son los siete magistrados del Supremo quienes deben decidir si es culpable o inocente de la filtración de datos que debía proteger por su cargo.

No hubo sorpresas en las conclusiones: la defensa —la Abogacía del Estado— insistió en que no hay prueba alguna y señaló indirectamente a la Fiscalía de Madrid, recordando lo publicado por varios periodistas sobre la famosa "tercera planta".

La Fiscalía del Supremo, formalmente acusación pero defensora de su superior, sostuvo que el borrado del móvil del fiscal general fue legítimo y sin trascendencia. Y añadió que, aun si hubiera filtración, debería quedar impune porque el correo ya estaba en manos de los medios.

Precisamente ese deber de sigilo es lo que arguye el abogado de González Amador para mantener su acusación contra el fiscal general por la filtración y por la nota de prensa posterior. Sostiene que para desmentir una información no es necesario incluir el entrecomillado en el que se reconocen los delitos fiscales.

Termina el plazo para la evaluación de riesgos para las empleadas del hogar

Este viernes concluye el plazo para que quienes tengan contratada a una empleada del hogar realicen la evaluación de riesgos laborales a través de la plataforma Prevencion10.es. El cuestionario, disponible desde hace seis meses, incluye preguntas sobre barandillas, suelos resbaladizos, revisiones de gas y electricidad, o posibles riesgos en la vivienda.

No cumplir puede suponer una sanción de hasta 49.000 euros, aunque Trabajo admite que lo habitual será una multa de 2.500 euros. En las últimas horas, la web se ha bloqueado: inicialmente el ministerio atribuyó la caída a la avalancha de ciudadanos que aún no habían realizado la autoevaluación.